La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la organización que representa a las denominaciones de origen de vino de España, agradece la defensa realizada por los ministros de Agricultura de España, Luis Planas, y de Francia, Julien Denormandie, de la necesidad de que el sistema de autorizaciones para plantaciones de viñedo continúe más allá de 2030, año en que finaliza su vigencia. Así lo recogen ambos en la declaración institucional conjunta que ambos ministros presentaron en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado lunes, en Bruselas, sobre la futura Política Agraria Común.
En el punto 11 de la declaración, se indica que «en el contexto de esta crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la importancia de disponer de herramientas regulatorias y de gestión de mercado eficaces y adaptadas», los ministros solicitan al Consejo que «adopte y defienda la continuidad del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo más allá de 2030, con el objetivo de ofrecer a los agricultores una perspectiva en sus inversiones a largo plazo».
La declaración conjunta se produce tras las gestiones realizadas en los últimos días por parte de CECRV y de EFOW, la organización europea de la que CECRV forma parte junto a las organizaciones representativas de las DDOO en Francia, Italia y Portugal, para impulsar, entre los Estados miembros de los grandes países productores de vino europeos (Francia, Italia, España y Portugal) y en el marco del Consejo Europeo, el debate y decisión del Consejo a favor de la continuidad del sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo más allá de 2030.
La crisis provocada por la COVID-19 ha puesto aún más de relieve la importancia de que el sector siga beneficiándose del sistema de autorizaciones, que no implica coste presupuestario, y que ayuda a evitar crisis de sobreproducción y disminución de la calidad. Asimismo, favorece el desarrollo rural y el de pequeñas explotaciones familiares, contribuyendo además a los ambiciosos objetivos del Pacto Verde de la UE al tratarse de una herramienta de desarrollo sostenible del viñedo.
En la declaración institucional conjunta España y Francia instan a llegar a un acuerdo político durante la presidencia alemana sobre diferentes aspectos de la PAC y subrayan, entre otras cosas, la necesidad de contar con una política agraria fuerte y de que se simplifique su nuevo modelo de aplicación. Asimismo, también solicitan evitar los riesgos de competitividad de las producciones de los Estados miembros, el mantenimiento del presupuesto del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) y que la futura PAC aborde las necesidades de las mujeres en las zonas rurales. En la declaración se recogen además los puntos de común acuerdo relativos a la arquitectura medioambiental de la PAC, a los eco-esquemas y a las superficies de interés ecológico.