Por José María Fresneda, secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha.
En los últimos meses hemos tenido ocasión de escuchar a los agricultores sus dificultades para encontrar mano de obra para las diferentes campañas. Las ofertas de empleo varían en función de la dificultad del terreno, las tareas agrícolas u otros condicionantes. Pero pongamos un ejemplo basado en hechos reales: “Se busca personal para trabajar en la campaña de aceituna. Funciones: varea, barrido de olivas y recogida de mantas; Jornada laboral: 7-8 horas al día; Salario: 54,1 euros al día; Lugar: Provincia de Toledo; Temporalidad del contrato: 2 meses”.
Ahora pongamos algunos datos sobre la mesa. En Castilla-La Mancha, en el mes de diciembre, según ha hecho público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la cantidad de parados asciende a 165.041 personas. 12.531 pertenecen al sector de agricultura.
¿Dónde están los 12.000 parados cuando los empresarios agrarios ofrecen empleo? Trataremos de explicarlo.
El último requisito de la oferta de trabajo arriba indicada tiene la mayor parte de la culpa: la alta temporalidad. Las campañas agrícolas generan empleo puntual con contratos que van de uno a tres meses de trabajo. Un demandante de empleo que recibe un subsidio o una ayuda extraordinaria, si acepta trabajar un mes en la campaña de recolección del ajo, por ejemplo, se expone a perder la continuidad de sus ingresos, llámense PAE (Programa de Activación para el Empleo), Plan PREPARA (Programa de Recualificación Profesional), Talleres Empleo, o como se quiera, y que suelen tener una duración de seis meses.
Así pues, una de las principales soluciones pasaría por tratar de conjugar las épocas de campañas agrícolas con las fórmulas para la recuperación del empleo o con los requisitos para seguir cobrando las ayudas o prestaciones. Dicho de otra forma, que no se pisen los tiempos, porque, tal y como están las cosas, nadie querrá trabajar un mes sabiendo que el siguiente no verá un euro en sus bolsillos.
Esta realidad conlleva a otra más cruel. La de benefactores de ayudas que quieren trabajar en el campo, pero “cobrar en B” y la falsa excusa de que se paga mal. Sobre lo primero, a los agricultores profesionales les gusta hacer las cosas bien y cuidan mucho las formas legales. No están dispuestos a enfrentarse a las sanciones que les supondría ser descubiertos por los muchos inspectores de trabajo que pasean por las explotaciones agrarias, aunque siempre haya algún infractor fuera de los márgenes de la ley, con repercusión mediática, que haga pensar a la opinión pública que todos los agricultores son iguales. Pero la verdad es que el sector acata las normas, incluidos los Planes de Prevención de Riesgos Laborales con intención de aumentar la seguridad de los trabajadores y reducir los accidentes. De hecho, y dicho por el propio delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, “el agricultor, por los datos que nos da la propia Inspección del Trabajo cumple y cumple muy bien”. Las infracciones detectadas son mínimas.
Y sobre lo segundo, los bajos salarios, cabe recordar que los convenios del campo, firmados por los sindicatos de trabajadores y las organizaciones agrarias, garantiza los salarios a las personas que desarrollan su actividad al amparo de estos convenios. Basta con hacer números para darse cuenta de que los salarios son más elevados que en otros sectores.
Lo cierto y real es que completar una cuadrilla de trabajadores se está convirtiendo en un suplicio. Hasta los fieles nos abandonan, decía uno de nuestros socios. La recuperación y el auge de otros sectores, como el de la construcción y la logística, también se ha llevado a parte de los jornaleros que en años anteriores han participado en las campañas agrícolas.
He ahí algunas de las razones por las que escuchamos expresiones como los españoles no quieren trabajar en el campo y, dicho sea de paso, no olvidemos que el campo español es el único sector superviviente a todas las crisis económicas.
Sean cuales sean los motivos, la aceituna, la uva o los espárragos no entienden de ellos y no esperan, por lo que los empresarios agrarios recurren a mano de obra extranjera para no perder las cosechas.
Para hacernos una idea, durante la última vendimia, de las 85.000 altas que se registraron en el Régimen Agrario de la Seguridad Social entre los meses de septiembre y octubre, el 45% fueron trabajadores extranjeros, tanto de la Unión Europea como de países terceros. Hace cinco años representaban el 25%.
Ante esta situación, desde ASAJA de Castilla-La Mancha no se descarta volver a un recurso de hace unos años para facilitar la búsqueda de personal, los contingentes de trabajadores extranjeros para trabajar en las grandes campañas de la región.
A todo ello, hay que sumar que el sector primario no pone precio a los productos que vende, sino que vienen impuestos por la presión de los eslabones más fuertes de la cadena agroalimentaria, la industria y la gran distribución. Ante esta incapacidad de repercutir en las ventas los costes de producción, los agricultores van a intentar reducirlos recurriendo cada vez más a la mecanización, con lo que se ahorrarían los sueldos de los trabajadores y, de paso, los problemas de encontrarlos.
Entonces, quizá nos lamentemos cuando dejemos de encontrar en los tablones de anuncios “Oferta de trabajo: se busca jornalero”.