Hablar del agua en Castilla-La Mancha sin emplear los términos considerados convencionales parece poco menos que tarea imposible, toda vez que hasta ahora en ese discurso lo político ha prevalecido sobre lo social y económico convirtiendo el tema del agua en una cuestión meramente ideológica sin otra aparente proyección: que si Castilla-La Mancha debe hacer un uso preferente del agua del Tajo por ser cuenca cedente, que si Castilla-La Mancha debe poner en marcha las infraestructuras necesarias para poder utilizar el agua, que si el Plan Especial del Alto Guadiana debe servir para la reordenación hídrica de la zona… En definitiva, un cúmulo de “deberes” que, de momento, no tienen concreción efectiva ni tampoco una fiable predicción ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que lleguen a buen término?
Sobre el trasvase Tajo-Segura se ha escrito hasta la saciedad sin que ello haya servido para encontrar el adecuado punto de inflexión, cuando lo verdaderamente importante, como ya se ha dicho desde ASAJA de Castilla-La Mancha, en numerosas ocasiones, no es tanto fijar una fecha como realizar las infraestructuras hidráulicas necesarias; sólo así será posible ponerle fin al trasvase. Para ello, deben cumplirse no sólo los compromisos sino lo que dice la ley en cuanto a reservas estratégicas, caudal ecológico o los planes de cuenca.
Aún así quiero hacer constar mi respeto a la fecha de 2015 como la voluntad del pueblo de Castilla-La Mancha a través del acuerdo alcanzado por los dos partidos políticos representados en las Cortes Regionales.
Las necesidades de agua en Castilla-La Mancha son las que son y, lo más probable es que vayan en aumento. Por lo tanto, qué legitimidad puede tener alguien de fuera de esta región para determinar cuáles son las reservas estratégicas de la cabecera del Tajo o quién está autorizado para definir cuál es el caudal ecológico mínimo garantizado.
Conviene recordar que fue después de la sequía prolongada que sufrió Castilla-La Mancha en el lapso de los años 1993-95, cuando el Gobierno autonómico y la Confederación Hidrográfica del Guadiana llegaron a la conclusión de que la forma de resolver el problema de abastecimiento a las distintas poblaciones era garantizar la toma desde la cabecera del Tajo, única fuente con garantías suficientes tanto en cantidad como en calidad. Y fue en ese contexto en el que se dieron los primeros pasos que ahora, trece años después, llevan el viso de convertirse en realidad. Pero hasta el momento tanta discusión y tanto politiqueo sólo ha conseguido retrasar una obra que para los castellano-manchegos resulta fundamental.
¿Y qué me dicen de la cuenca alta del Guadiana? En 2008 se aprobó el Plan Especial del Alto Guadiana de acuerdo con la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 que ordenó la formación de un Plan Especial del Alto Guadiana para mantener un uso sostenible de los acuíferos sobreexplotados. Han tenido que pasar más de seis años hasta que, finalmente, el 24 de enero de 2008 el Gobierno de la nación aprobó este Plan con una inversión prevista de 3.000 millones de euros, medio billón de las antiguas pesetas, con el objetivo de “corregir el déficit hídrico estructural existente garantizando la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la comarca”.
Desde entonces hasta ahora, los pasos han sido lentos –y dudo que seguros- dado que el Gobierno de la nación no ha cumplido sus compromisos. Ha habido muchas declaraciones de intenciones y muchas críticas, a veces acertadas y otras no, pero el caso es que ni quienes decían que este plan era meramente agrario, ni quienes opinaban lo contrario, pueden estar satisfechos de su nivel de realización.
La primera medida fue la compra de derechos para usos medioambientales y regularización de cultivos leñosos y explotaciones prioritarias. Con este fin el PEAG contemplaba una dotación presupuestaria para adquisición de derechos de agua de 115 millones de euros en 2008, y 120 millones en 2009, suficientes para garantizar la compra de los 40 hm3 necesarios para la regularización. Sin embargo, a fecha de 31 de diciembre de 2008 sólo se habían gastado 23 millones de euros, y lo que, a mi juicio es peor, la previsión para 2009 es de 40 millones –eso suponiendo que la oferta de compra actual por valor de 20 millones tenga su homóloga continuación-, lo que sólo da para comprar unos ocho hectómetros cúbicos de ese total. En definitiva, sólo se ejecuta un 20 por ciento de las previsiones del plan.
¿Se garantiza así el Estado de Derecho? ¿Acribillar con multas y sanciones a los agricultores es la solución? A mi juicio no es este el camino, sino que debe pasar por poner los medios adecuados para evitar esta situación.
Habrá quienes piensen que por desgracia esta es la tónica general de las democracias actuales, que los políticos prometen todo tipo de cosas alegremente sabiendo que a posteriori no tendrán que responder, que nadie les va a pasar factura por su actuación. Así parece actuar el Ministerio siempre en busca de argumentos que justifiquen su inacción.
Pero el problema se agrava porque esta actuación tiene consecuencias directas sobre las otras medidas previstas en el PEAG, y por lo tanto, se requiere un alto nivel de compromiso político para su conclusión. En el caso del Alto Guadiana las medidas de adquisición de derechos de agua no son una acción aislada sino que forman parte de un Programa global que enmarca otras medidas (reordenación de derechos, transformación de derechos privados en concesionales, etc.) y que junto al resto de Programas serán en buena medida los responsables de la restauración hidrológica y ambiental que persigue el Plan Especial.
Si no se cumplen las previsiones iniciales en cuanto a la adquisición de derechos difícilmente se van a poder regularizar pozos y, por tanto, difícilmente se va a poder cumplir con el Plan Especial. Por tanto urge que el Gobierno de Castilla-La Mancha exija al Gobierno de la nación que cumplan los compromisos adquiridos, se respete el Estado de Derecho y se abandone de una vez por todas este debate estéril que no conduce a nada.
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