Más de treinta años de vigencia del Estado de las autonomías permiten analizar sus consecuencias en el desarrollo del ordenamiento territorial. El famoso “café para todos” dio origen a la creación de 17 autonomías que han llegado a configurarse como 17 mini-Estados con sus poderes políticos y su burocracia administrativa.
Lo mismo ha ocurrido con las competencias agrarias que han sido asumidas casi exclusivamente por los Estatutos de Autonomía sin otro límite que la ordenación general de la economía. Este hecho ha dado lugar a diecisiete políticas agrarias y, lo más grave, la falta de un modelo de política agraria nacional, que se hace imprescindible en momentos como el actual en el que afrontamos una transformación de la PAC sin precedentes que se produce en un escenario de profunda crisis en la zona euro.
Esta disposición de la PAC pone en evidencia la situación del sector agrario de nuestro país que se caracteriza por la ausencia de un modelo de agricultura lo que hace que cualquier planteamiento de reforma genere grandes dudas y temores.
Se ha perdido mucho tiempo en este país en políticas menores sin que ningún Gobierno nacional haya querido diseñar una política agraria nacional para fortalecer al sector productor español. Ahora nos encontramos con un predominio claro de explotaciones de reducida dimensión, escasamente organizadas y con una reducida capacidad de negociación. Este escenario se traduce, lamentablemente, en una escasa rentabilidad y una caída de la renta agraria, origen de la escasa incorporación de jóvenes a la agricultura, la falta de relevo generacional y el despoblamiento rural.
Para corregir esta situación es necesario que el Gobierno central acometa una profunda reforma estructural y normativa del sector primario que devuelva al sector productor su protagonismo en la cadena alimentaria.
A principios de febrero conocíamos a través de la comparecencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Arias, en el Congreso de los Diputados su programa de trabajo para los próximos años. 66 medidas que bien gestionadas podrían suponer un revulsivo para la agricultura de nuestro país y que, en una primera actuación, deberían centrarse en los mercados y la reforma de la Política Agraria Comunitaria.
En los últimos años, los precios de las producciones agrarias, en términos generales, han evolucionado al alza, sólo algunos sectores de frutas y hortalizas han mantenido precios bajos en origen poniendo en peligro la viabilidad de las explotaciones. Sin embargo, esta situación de precios altos no ha estado exenta de incertidumbre e inestabilidad porque nuestro sector agrario no sabe, ni dispone de herramientas ni estructuras que respondan a la volatilidad de los precios intentando mantener un nivel de ingresos adecuados y estables para las explotaciones.
Deben establecerse las pautas para que el sector productor cree sus propias estructuras organizativas de gestión, de compras, de ventas para posicionarse adecuadamente en el mercado agroalimentario con cierta ventaja o capacidad de reacción frente a la industria agroalimentaria o gran distribución bien definida y estructurada con una clara tendencia a la agrupación y dimensionamiento para el control del mercado.
Lo cierto es que el sector agrario español no es más que una pequeña parte de la producción mundial. Los grandes operadores en los mercados mundiales agrarios (grandes compañías multinacionales y Estados) buscan posicionarse con ciertas garantías y estabilidad (ellos lo denominan seguridad alimentaria), trabajando en países con estructuras agrarias y superficies capaces de atender su demanda, tanto es así, que grandes compañías y Estados están alcanzando acuerdos y adquiriendo bienes de producción en países productores para poder atender así a una demanda creciente mundial de alimentos.
Por todo ello, resulta imprescindible afrontar una época de cambios estructurales y reformas legislativas que corrijan las grandes deficiencias de nuestro mapa agroalimentario. Es cierto que se han destinado grandes esfuerzos económicos con este fin pero todo ello exento de un proyecto nacional común y de objetivos claros.
Otra línea de actuación que requiere un modelo de política agraria fuerte se refiere a la reforma de la PAC para conseguir el máximo techo de recursos financiero. La propuesta de reforma plantea dudas y decisiones cuyas consecuencias pueden tener elevados costes políticos y económicos en muchas regiones de nuestro país. La determinación de la superficie elegible, la homogeneización de los derechos de pago base, fundamentalmente, suponen variables que mal gestionadas aumentarían las diferencias y divergencias en nuestra agricultura.
Parafraseando al catedrático García Cantero “ha pasado el momento de que cada Comunidad Autónoma haga “mangas y capirotes” con sus competencias; con pleno respeto a sus facultades legislativas y administrativas en materia agraria, más que nunca urge una coordinación entre sí y también con el Estado, para que en Bruselas sean mejor tratados los intereses de los agricultores españoles”.