La Cámara Alta ha dado el visto bueno a dicho proyecto, que en materia de agricultura es una de las iniciativas "estrella" de este Gobierno.
Su objetivo es equilibrar el poder de negociación entre los actores que componen la producción alimentaria, entre los cuales el productor es el eslabón más débil.
El dictamen del Senado incorpora algunas enmiendas, por lo que volverá al Congreso de los Diputados, pero en la votación han sido rechazadas la mayor parte de las propuestas defendidas por los grupos de la oposición.
Asimismo, se ha rechazado el único veto, propuesto por la senadora Esther Capella (Esquerra Republicana), quien argumentó que el proyecto no garantiza lo suficiente los derechos de los consumidores.
El proyecto de Ley para la mejora de la cadena alimentaria plantea, entre otras actuaciones, la autorregulación mediante un código de conducta, la obligatoriedad de contratos (para transacciones por encima de los 2.500 euros).
En sus últimas versiones, el texto ha incorporado la figura de un "mediador" en caso de desacuerdo entre los productores y compradores acerca de los precios.
El Gobierno también propuso un régimen sancionador por incumplimiento, que fija multas, a partir de los 3.000 euros (para infracciones leves) y que en los casos más graves pueden llegar a un millón de euros.