En la agricultura, la fijación de precios y otras condiciones contractuales son una cuestión clave que puede verse gravemente afectada por las prácticas comerciales desleales (PCD). Por ello, el Copa y la Cogeca acogen con satisfacción el informe de evaluación presentado por la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva de 2019 destinada a combatir estas prácticas comerciales. Uno de los límites detectados sigue siendo el desconocimiento de estos nuevos mecanismos en los Estados miembros, por lo que es importante destacarlos.
Adoptada en 2019, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria prohibió 16 prácticas desleales que afectan negativamente a los agricultores y pequeños proveedores.
El informe presentado por la Comisión Europea ofrece una actualización sobre la aplicación de esta directiva. En el lado positivo, el informe muestra que todos los Estados miembros de la UE ya han transpuesto y aplicado la Directiva en la legislación nacional, con la designación de una o más autoridades competentes para recibir denuncias y garantizar el tratamiento confidencial de la información.
A pesar de esta legislación, se siguen observando prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, según los informes de la Comisión. Las más frecuentes son el retraso en los pagos de productos agrícolas y alimentarios perecederos o no perecederos (50% y 13%), los pagos no relacionados con una transacción específica (7%), los pagos solicitados al proveedor por acciones de marketing (7%), así como por almacenamiento, exposición y catalogación (7%).
Desgraciadamente, seguimos observando un porcentaje significativo del 63% de prácticas comerciales desleales llevadas a cabo por minoristas y mayoristas. El informe de la Comisión señalaba que alrededor del 41% de las prácticas desleales detectadas se habían detectado en el comercio minorista (47% en 2022), el 36% en la industria alimentaria (27% en 2022) y el 22% en el comercio mayorista (25% en 2022). En 2023, se abrieron alrededor de 1.500 investigaciones, de las cuales alrededor del 17% dieron lugar a la constatación de una infracción sancionada que se tradujo en unos 22 millones de euros recaudados en concepto de multas.
Aunque la Comisión reconoce que el conocimiento de la existencia de normas de la UE sigue siendo escaso (el 38 % de los encuestados lo sabía), el impacto en el sector agrícola va más allá de estas cifras, ya que alrededor del 30 % de los encuestados no denuncia estas prácticas por miedo a ser excluido de la lista o a sufrir otras formas de represalia por parte de los compradores. Por eso es necesario conceder el anonimato (y no sólo la confidencialidad) a los agricultores que sufren estas prácticas injustas y abusivas, para que puedan quejarse eficazmente.
En reacción a este informe, Christiane Lambert, Presidenta del Copa, declaró: "Este informe es importante y muy oportuno. Demuestra que es esencial mejorar el mecanismo europeo de lucha contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Necesitamos revisar y actualizar la lista de prácticas comerciales desleales prohibidas e incluir entre ellas la "venta por debajo del coste" y la "venta con pérdidas". También tenemos que ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir algunos productos no alimentarios, como las flores y las plantas ornamentales. Por eso, en el contexto de las elecciones europeas, pedimos a la Comisión que continúe su labor de evaluación en 2025 y proponga una UTP 2.0 en su próximo programa de trabajo. No olvidemos que detrás de la cuestión de los precios justos está la resiliencia de nuestro modelo agrícola, la renovación de las generaciones y la capacidad de invertir en las transiciones necesarias."