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Cientos de olivareros de la región, y otros cuantos venidos de otras zonas productoras de España, se manifestaron el día 15 de abril en Toledo tras la negativa de las autoridades comunitarias a poner en marcha el mecanismo de almacenamiento privado del aceite de oliva para recuperar los precios.
Las organizaciones castellano-manchegas convocantes (ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Centroliva), estuvieron pendientes, hasta el último momento, de que Bruselas activara la medida. Pero dos días antes de llevarse a cabo la manifestación, el Comité de Gestión de la Unión Europea, formado por expertos de los Veintisiete, se reunía para estudiar la petición española y concluía con la negativa a poner en marcha el mecanismo.
De nada sirvió facilitar al Comisario del ramo toda la información adicional que requirió en su última visita a España para justificar la decisión de permitir el almacenamiento. Tampoco sirvió que otros países apoyaran a España, como Grecia, Italia, Portugal, Polonia, Chipre o Francia.
La Administración comunitaria hacía caso omiso a las peticiones del sector acogiéndose a la legislación vigente. Una normativa que no se actualiza desde los años 96/97 y que no se corresponde con la realidad del momento. Según la norma, el precio del aceite está por encima del precio de referencia que faculta la apertura de esta medida de mercado. Según los datos reales, el precio de referencia está obsoleto.
Por ello, los olivareros tomaron el relevo de Jaén y Córdoba, y se manifestaron desde la Puerta de Bisagra hasta la céntrica plaza de Zocodover, en Toledo, con gritos de “precios justos para todos” y “nos pagan menos y os cobran más”. El acto concluyó con la entrega del manifiesto al Subdelegado del Gobierno, Francisco Javier Corrochano, y con la lectura del mismo ante los manifestantes.
A finales de abril, se tiene previsto otra manifestación en Mérida.
La propuesta regional
Un día antes de la manifestación, las organizaciones convocantes trasladaban sus reivindicaciones al presidente del Gobierno regional, José María Barreda. Tras la reunión, y a propuesta del sector, Barreda se comprometía a plantear a las principales comunidades productoras y al MARM la apertura del mecanismo de almacenamiento privado del aceite de oliva a nivel estatal.
Manifiesto por el olivar de Castilla-La Mancha
La situación de precios en origen para el aceite de oliva es dramática. Por tercera campaña consecutiva, las cotizaciones medidas se encuentran por debajo de los costes de producción: el precio medio apenas ha superado en el último mes los 1,84 €/kg, mientras que los costes acumulados de aceite de oliva a la salida de almazara son de 2,491 €/kg.
A esto, hay que añadir que los productos reciben una remuneración menor, ya que deben descontar de sus ingresos los datos del denominado “escandallo de molturación”, unos 0,20 €/kg. Por eso, el precio real que reciben los olivicultores, sí está por debajo de los niveles establecidos para el almacenamiento privado.
Las cifras de Eurostat muestran que el aceite de oliva es el único sector en el que se produjo una caída en la renta de los productores en 2010 (-5,7%), en relación a 2009. Todo ello a pesar de que aumentó el volumen y el valor del producto del 19,9% y del 12,8%, respectivamente. Además, en 2009, la renta de los productores de aceite de oliva también se redujo en un 15,2% con respecto a 2008.
Por ello, el sector del aceite de oliva de Castilla-La Mancha en su totalidad, exige las siguientes reivindicaciones:
1. Activación inmediata del almacenamiento privado. El sector se encuentra en una grave crisis de precios mientras que el funcionamiento del mercado es fluido, con exportaciones récord, mostrando una fortaleza de la demanda que no se refleja en los precios. Se está produciendo una grave perturbación del mercado y es necesario, por tanto, activar el mecanismo de almacenamiento privado.
2. Actualización del precio de desencadenamiento del aceite privado. En la actualidad, el umbral que permite activar el almacenamiento privado está en 1,77 €/tn de aceite de oliva virgen extra; 1,71 €/tn, para el aceite virgen; y 1,52 €/tn, para el lampante. Precios muy alejados de los costes del sector y fijados en 1997. Por tanto, se precisa la actualización, al menos, a un nivel de 2,20 €/kg, a fin de que se refleje el incremento de los costes de producción y el mecanismo sea verdaderamente operativo y útil para el fin para el que fue instaurado. Además, el sistema depende de la voluntad de la Comisión y de los Estados Miembros para ponerse en funcionamiento, aunque alcancen los niveles de precio marcados por los reglamentos comunitarios. Este hecho debe modificarse e instaurarse la activación automática para que la mejora de la situación de mercado sea inmediata y no dependa de decisiones políticas en las que los países mediterráneos se encuentran en minoría.
3. Control de las prácticas de la distribución. Son necesarias medidas y sanciones efectivas contra la venta a pérdidas y otras prácticas abusivas de la distribución que dañan la imagen del aceite y perjudican la rentabilidad del sector. Y, por último, la implantación del código de buenas prácticas en la ley de calidad agroalimentaria.
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