El Gobierno ha publicado een el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la 13/2013 de 2 de agosto de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Sobre la primera, recuerda que la ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Entre sus objetivos, aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y la competitividad del sector alimentario globalmente considerado, así como fomentar la creación o la mejora del empleo, dada su importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía nacional.
Busca, además, conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas comerciales entre los operadores.
En el texto se regulan las condiciones contractuales, las subastas electrónicas, las prácticas comerciales abusivas, el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios.
Entre las sanciones, habrá infracciones entre 3.000 y un millón de euros, en función de su gravedad, según remarca esta ley que entra en vigor "a los cinco meses de su publicación en el BOE".
Las cooperativas reconocidas tendrán prioridad en la concesión de subvenciones
Respecto a la ley de integración cooperativa, persigue fomentar la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria, mediante la fusión o integración de las entidades asociativas, "con el objeto de favorecer su "redimensionamiento", mejorar su competitividad y contribuir a la valorización de sus producciones", entre otros objetivos.
Se refiere, además, a las entidades asociativas reconocidas como prioritarias, que podrán tener preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas, en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural.
Añade que el Gobierno presentará el primer Plan Estatal de Integración Asociativa en el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.