El Presidente del Gobierno ha intentando defender sin éxito su programa de estabilidad lo que, en la práctica, se ha traducido en duras medidas para acelerar el recorte del déficit público. Las opiniones al respecto no se han hecho esperar, incluso, los sindicatos de clase han anunciado movilizaciones en las próximas semanas.
Las medidas anunciadas, y que serán aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, han sido calificadas de injustas, antieconómicas y antisociales, amén de otros calificativos de la misma índole y no es para menos porque las consecuencias que este plan de ajuste puede tener en la mermada renta del sector agrario y ganadero son nefastas. Sin apenas concesiones para los agricultores y ganaderos después de protagonizar la mayor manifestación agraria de la historia, ahora nos vuelven a meter la mano en la herida.
Congelar las pensiones y eliminar los beneficios en el régimen transitorio de jubilación anticipada podrán suponer, según el presidente Zapatero, dos medidas de ahorro del gasto público pero, para muchos, entre los que se encuentran los agricultores y ganaderos, lo que verdaderamente significa es un nuevo sacrificio para llegar a fin de mes. El sector agropecuario cobra las pensiones más bajas del sistema público, razón por la que muchos agricultores siguen ejerciendo su actividad aun después de jubilarse lo que dificulta el necesario relevo generacional, ya que es muy difícil la incorporación de jóvenes al campo si previamente no se produce la jubilación y cese efectivo en la actividad de los progenitores, de ahí la importancia de las ayudas al cese anticipado que van parejas a la transmisión de la explotación y la razón por la que desde ASAJA de Castilla-La Mancha nos opusimos frontalmente a la idea de retrasar a los 67 años la edad de jubilación.
Por si esto fuera poco ahora vienen nuevas rebajas que afectan a todos por igual. Me refiero a la eliminación del cheque-bebé a partir de 2011, la reducción del gasto farmacéutico o la supresión de la retroactividad en las ayudas de Dependencia. En esta ocasión, sí somos todos iguales ante la ley pero desde ASAJA de Castilla-La Mancha entendemos que se debería hacer una discriminación positiva hacia el medio rural, de la misma manera que se debe igualar en niveles económicos y de servicios el medio rural con el urbano. El medio rural debe ser considerado como un sector estratégico y, por lo tanto, sus habitantes deben tener una consideración especial por ser los garantes del territorio. Sin embargo, el medio rural es el último de la lista. Las mujeres rurales no tienen prestaciones sociales y aunque cada vez se dan más pasos para conseguir una accesibilidad plena en este ámbito, algunas zonas carecen casi por completo de recursos que faciliten las condiciones de vida a las personas con discapacidad o dependientes. Por lo tanto, no estamos en igualdad de condiciones para afrontar el mismo “esfuerzo colectivo”.
Por la misma razón, sería totalmente injusto que se limitaran las inversiones en el medio rural porque no olvidemos que cuando hablamos de medio rural nos referimos a las mujeres y hombres que habitan en los miles de municipios de nuestro país que pagan los mismos impuestos que los de la ciudad a pesar de no recibir los mismos servicios públicos. La frecuentes deficiencias en transportes, accesos, Internet, abastecimiento energético, telefonía fija y móvil, servicios educativos, sanidad, abastecimiento y depuración de aguas, ocio y cultura siguen evidenciando un fuerte desequilibrio territorial en perjuicio del campo.
Estas medidas, al margen de la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, van a situar al sector agrario y ganadero en una posición de desventaja frente al resto de competidores y no sabemos si con este plan de ajuste se reducirá el déficit público, lo que sí podemos vaticinar es que supone el inicio el declive del medio rural.
Estamos ante un Gobierno, el nacional, que vive totalmente de espaldas a los ciudadanos y por eso exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que agudice el ingenio pero que no se pliegue ante este atropello porque Castilla-La Mancha tiene más del 90 por ciento de su territorio calificado como medio rural y, por lo tanto, garantizar la renta del medio rural es garantizar el desarrollo de esta región.
Sólo el tiempo descubrirá la nueva realidad pero sería inútil criticar sin piedad esperando que otros nos resuelvan las dificultades. Como ya he dicho en otras ocasiones, en todo esto hay una línea roja que no se puede cruzar. Sobran, por tanto, los debates estériles que acaban en enfrentamientos políticos inútiles. Lo que hace falta son soluciones, alternativas reales en donde se ponga negro sobre blanco sin tibiezas ni demagogias.. Por esta razón, propongo empezar a trabajar desde ya en una nueva ley de política agraria nacional, la principal carencia que desde siempre ha tenido este país. Sembrar hoy supondrá cosechar mañana.
José María Fresneda, secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha