También la agricultura española atraviesa una crisis sin precedentes. Los costes de producción se han disparado mientras los ingresos sufren una importante reducción. Todos los sectores vinculados al sector sufren este difícil momento. La crisis del sector es una profunda crisis estructural que impide la rentabilidad de las explotaciones debido al marco regional, nacional y europeo. Con las actuales normas es imposible que un agricultor sea un buen profesional y a la vez consiga que su explotación sea rentable. La crisis del campo no está directamente relacionada con la crisis general, pero es obvio que multiplica el desaastres hasta la desaparición de muchas explotaciones.
La crisis estructural lejos de poder resolverse se agravará porque la Comisión Europea -quien en teoría debería velar por el normal desarrollo de la agricultura-, ya ha anunciado que a partir de 2013 pretende desmantelar la Política Agrícola Común (PAC), proponiendo pagos cofinanciados por los Estados, con más recortes y cambio en las ayudas.
Si no se corrige el planteamiento de la Comisión la agricultura dejará de ser considerada Sector Estratégico, poniendo en juego la seguridad y la estabilidad alimentaria de 500 millones de consumidores. Se abandonará la protección del suelo y el medio ambiente, se perderá la garantía de bienestar y respeto de los animales. La Comisión pone en peligro la mermada competitividad de la agricultura europea y por supuesto su viabilidad.
La desaparición de la PAC supone labandonar uno de los instrumentos fundamentales de la cohesión europea que da empleo a más de 40 millones de personas y, en las circunstancias actuales, debe estar a la altura del desafío que supone el cambio climático.
Las actitudes de los gobiernos de los diferentes Estados miembros de la Unión son determinanates ante el reto que se presenta. Francia, encabezada por su Presidente, ya ha anunciado su plan para que la agricultura siga siendo un sector estratégico y los agricultores profesionales puedan vivir de su trabajo. EEUU con su Farm Bill también tiene garantizado el futuro de su agricultura. ¿Y España? De nuestro gobierno, desafortunadamente, no podemos decir lo mismo, aunque éste ya haya anunciado su oposición a las pretensiones futuras de la Comisión Europea.
Por experiencia sabemos que los pronunciamientos verbales sin acciones no sirven de nada. Es necesario, como lo hacen otros países, una apuesta decidida y comprometida por el mantenimiento de la agricultura.
El sector agrícola necesita un importante apoyo financiero que permita una auténtica reforma de la agricultura orientándola a la profesionalización y rentabilización de la misma.
Todos sabemos que la seguridad alimentaria no puede estar en manos exclusivamente del libre comercio. Europa tiene que regular mejor los mercados agrícolas. La garantía de la calidad debe ser una preferencia comunitaria real, basada en criterios medioambientales, sanitarios, con una protección arancelaria para aquellos productos sensibles y para las indicaciones geográficas.
Hacen falta eficaces medios de gestión de mercados que permitan que el agricultor obtenga un precio justo por su trabajo, por su producto. Para ello no sólo son necesarios los seguros contra riesgos climáticos. Los niveles de calidad y seguridad que merecen los consumidores exigen una profesionalidad absoluta con criterios profesionales claramente definidos. Ese nivel de cumplimiento profesional debe ser respaldado con seguros económicos o de rentas.
La sostenibilidad medioambiental y el freno a la desertización requiere que las zonas desfavorecidas, reciban un trato diferenciado que permita la actividad y la vida en esos medios rurales.
Defender al productor y alconsumidor supone que deben ser perseguidos los oligopolios de la distribución alimentaria, y deben abrirse con absoluta transparencia los canales de la comercialización.
La producción agrícola en España es necesaria. De continuar con esta crisis, nos quedaremos sin profesionales en el sector. Ningún sector económico puede progresar, ni siquiera mantenerse con la disminución constante de los precios percibidos, y el aumento de costes que la agricultura está padeciendo. Por ello son necesarias reglamentaciones distintas a las actuales. ¿Qué actividad económica se puede mantener, sin saber aunque sea aproximadamente, a qué precio se va a vender el producto y cuáles van a ser los costes de producción?
En la actual situación es injusto que la Administración española no proteja suficientemente al agricultor y encima le grave con cargas sociales y fiscales, después de que sus propias normas le impiden obtener un pago justo por su trabajo.
En las manos de la Administración y de la sociedad en general está el parar esta sangría que padece la agricultura, lo que está suponiendo la paulatina desaparición de profesionales en el campo, la consiguiente disminución de tierras agrícolas y productividad de las mismas. Todo ello, además, en una situación de aumento constante de la demanda mundial de alimentos.
La próxima Presidencia Europea, que recaerá en nuestro país, debe ser una oportunidad para apostar por la agricultura. En el ámbito nacional, nuestra agricultura merece un mayor apoyo e impulso, al igual que ya lo están haciendo otras naciones. Una verdadera regulación, que permita la rentabilidad de las explotaciones agrarias gestionadas con profesionalidad.
Ante todo esto, el sector agrario no puede permanecer impasible, razón por la que las tres organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, anteponiendo el interés general agrario hemos convocado un paro del sector el próximo día 20 que culminará con una gran manifestación el día 21 de noviembre en Madrid, para exigir normas y precios justos, así como, una nueva regulación para la agricultura y la alimentación.
Apoyar esta movilización es apoyar la defensa en mayúsculas de una agricultura profesionalizada y rentable, al margen de intereses partidistas y, por supuesto, rédito político.
José María Fresneda Fresneda,
Secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha