La organización agraria presentó un recurso en el mes de mayo y otro en noviembre por considerar que la normativa es perjudicial para los agricultores y ganaderos de la región
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acaba de admitir a trámite el segundo de los recursos contenciosos administrativos que ASAJA CLM ha presentado contra las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios (ZEPA) y todo cuanto ellas suponía contra los agricultores y ganaderos de la región, por entender que son perjudiciales para sus intereses.
Esta admisión a trámite que acaba de notificar la Sala, consolida que todas las disposiciones que la organización agraria ha ido impugnado en las distintas fases de alegaciones en sede administrativa ordinaria, han sido llevadas, íntegramente ante los Tribunales y, por tanto, todas las ZEPAS que afectan a los agricultores, serán revisadas en sede jurisdiccional.
Aunque el proceso pueda alargarse hasta que se dicte la sentencia, ASAJA de Castilla-La Mancha asegura que tuvo que recurrir a los Tribunales porque la normativa supone una limitación a la actividad de los agricultores y ganaderos e impide el desarrollo económico de los municipios afectados.
La organización agraria acudió a la justicia después de agotar todas las vías previas de conversaciones y negociaciones, además de las muchas alegaciones presentadas a cada uno de los borradores que se publicaron de dicha Orden. Aunque se consiguieron algunos avances en el proceso de información pública, no fueron suficientes, y los agricultores y ganaderos incluyeron este punto en la tabla reivindicativa de la manifestación multitudinaria que había convocado ASAJA CLM bajo el lema “Sin campo no hay vida”.
Por otro lado, la Directiva marco de la Unión Europea relativa a la conservación de las aves silvestres establece que hay que conservar las aves, pero nunca limitar la agricultura, además de recoger la necesidad de compensar económicamente en el caso de que haya restricciones a actividades socioeconómicas. Sin embargo, en el caso de Castilla-La Mancha, y a diferencia de otras comunidades autónomas, la ubicación de una actividad agraria en una zona ZEPA supone una carga para los agricultores y ganaderos en vez de reconocer su labor medio ambiental y un agravante para los espacios rurales en peligro de despoblación.
El último recurso presentado por la organización agraria en el mes de noviembre abarca la Orden 155/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de gestión de tres espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y el Decreto 57/2017, de 5 de septiembre, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se modifican los límites de tres Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Concretamente, se refiera a las ZEPAS “Alto Tajo”, “Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán” y “Pinar de Almorox”.
El primero de los recursos, presentado en mayo, hacía referencia a la Orden 63/2017, de 3 de abril, que aprueba el Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios (ZEPA) y que atañe las ZEPAS “Este de Albacete”, “El Bonillo”, “Campo de Calatrava”, “Campo de Montiel”, “San Clemente”, “La Campiña”, “Mancha Norte” y “Margen derecha del río Guadarrama”.