La presidenta del Consejo Agrícola, la alemana Julia Klöckner marcó desde el principio un ritmo tendente a la conclusión de un acuerdo en este Consejo, posiblemente el ultimo presencial de los próximos meses a la vista del avance de la pandemia en toda Europa, que abre las puertas al inicio de los Trílogos (reuniones entre Consejo y Parlamento, con la Comisión presente para facilitar el acuerdo entre colegisladores) ya en el mes de abril y que concluirían posiblemente en los primeros meses del año próximo, ya bajo presidencia portuguesas
En reuniones previas, ya se habían allanado en el seno del Comité Especial de Agricultura1 algunos de los puntos más polémicos y que sin embargo, serán de nuevo tratados en las próximas reuniones de los negociadores con los ponentes del Parlamento Europeo. En esta reunión, los protagonistas fueron los llamados “ecoesquemas” y en concreto su carácter voluntario u obligatorio para los Estados miembro y el porcentaje mínimo que se les debe acotar dentro del presupuesto destinado a los pagos directos del primer pilar.
Finalmente la presidencia arrancó a las cuatro de la madrugada el acuerdo de las delegaciones para que los ecoesquemas fueran obligatorios para el Estado miembro y voluntario para el agricultor o ganadero, (tal y como establece la propuesta de la CE por otra parte) y que se destinen a este nuevo sistema un 20%
Durante los dos primeros años de aplicación de la nueva PAC, está prevista la flexibilidad financiera necesaria para evitar que este importe (o parte de el) dedicado a los ecoesquemas no se pierda en el caso de que no tuviera el grado esperado de aceptación en el Plan Estratégico que lo pondrá en marcha.
Se recuerda que en la elaboración del Plan Estratégico nacional, el Ministerio plantea como posibles ecoesquemas el pastoreo extensivo, la cobertura vegetal, rotaciones de cultivo, planes individuales de fertilización y de uso sostenible de productos fitosanitarios, así como medidas de incremento de la superficie destinada a fines vinculados al mantenimiento y la mejora de la biodiversidad, así como algunas intervenciones en materia de agricultura ecológica.
Otro punto conflictivo era el de los pequeños agricultores y la condicionalidad reforzada, donde varios países, especialmente los del Este pedían excepciones. El acuerdo del Consejo establece que todos, incluidos los pequeños estarían sujetos a controles más simplificados, reduciendo la carga administrativa y asegurando al mismo tiempo su contribución a los objetivos ambientales y climáticos.
A petición de los paises productores la Presidencia incluyo en el acuerdo las peticiones relativas a las autorizaciones de plantaciones de viñedo, ampliando el sistema más allá de 2030 y la inclusión del aceite de oliva entre las intervenciones sectoriales.
El Consejo aprobó por unanimidad un conjunto de conclusiones sobre la estrategia "de la granja a la mesa".