La asegurabilidad se entiende como el conjunto de circunstancias que deben ocurrir en un riesgo para que su cobertura pueda ser aceptada por una entidad aseguradora. En este sentido, los seguros agrarios cubren riesgos como el pedrisco, la sequía, las heladas, los incendios o las enfermedades del ganado. Ahora bien, ¿es una asegurabilidad de calidad?
Ante un siniestro de estas características, las aseguradoras establecen parámetros tanto para aplicar las coberturas, como las condiciones, las tarifas o las indemnizaciones. Y, dicho sea de paso pero subrayado, la mayoría de los siniestros se producen por daños o fenómenos meteorológicos ajenos a la producción. Es decir, no está en manos del agricultor controlar la meteorología, ni en la del ganadero controlar el aumento de la tuberculosis en la fauna silvestre. Aquí no hay partes amistosos.
El sistema de seguros agrarios español ofrece periódicamente estadísticas de contrataciones, siniestros o indemnizaciones. Pero más allá de esos datos, están los criterios utilizados y es ahí, donde la transparencia brilla por su ausencia.
Por ejemplo, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), según el artículo 49 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, es la encargada de proponer al Ministerio de Agricultura para su aprobación, los rendimientos estimados en las producciones agrarias a efectos del Seguro.
Es decir, ENESA es la encargada de asignar al asegurado, en función de los datos históricos de la explotación, una producción media, según la zona o la comarca. Y ante un siniestro, dependiendo de esa media que puede no estar ajustada a la realidad, se calcula la indemnización que cobrará el agricultor o ganadero. Pero desconocemos la periodicidad y los criterios utilizados para asignar esos rendimientos. Es ahí donde necesitamos que se esclarezca el sistema de seguros agrarios.
En la última Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla-La Mancha, ASAJA CLM solicitó incluir en el orden del día nuestra propuesta: un manual de procedimiento o un protocolo de actuación para la aplicación de las actualizaciones o revisiones de las condiciones agrarias. Un planteamiento que tuvo muy buena acogida por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Cooperativas Agroalimentarias y el resto de las organizaciones agrarias que participaron en el encuentro.
Días antes, la Sectorial de Seguros Agrarios de la organización agraria había elaborado un informe con las deficiencias que considera que tiene el actual sistema. Así, además de los rendimientos, analizaban la necesidad de actualizar las variedades y, teniendo en cuenta la volatilidad de los precios, la revisión anual de los mismos. Y, nuevamente, solicitaban la posibilidad de ampliar las coberturas en su totalidad, pues a día de hoy, el máximo porcentaje al que puede optar un agricultor es el 80 por ciento de su producción, sin opción para que pueda contratar una póliza a todo riesgo.
En definitiva, no hay que perder de vista que detrás de los seguros agrarios, no deja de haber un negocio para el sector asegurador. Pero estamos hablando de la única herramienta para gestionar los riesgos que, además de que irán in crescendo por las consecuencias del cambio climático, afectan a las producciones agrarias. O, lo que es lo mismo, con el pan de cada día de todos los consumidores.
Así que, el sector productor no puede ser objeto para aumentar los beneficios económicos de las aseguradoras. Ni tampoco de los intereses políticos, pues juegan un papel importante a la hora de apoyar económicamente el sistema. En este sentido, dado el elevado coste de las pólizas, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas subvencionan su contratación (de lo contrario, aumentarían aun más los costes de producción y se verían afectados los precios que pagamos los consumidores por los alimentos).
Pero este año, ENESA ha decidido reducir la ayuda en un 10%, sobre la prima comercial base neta. Sobra decir las nefastas repercusiones que las decisiones de esta naturaleza pueden tener para el futuro de un instrumento que desempeña un papel tan fundamental para lograr la estabilización de la renta agraria.
Por eso, desde ASAJA de Casilla-La Mancha, hemos solicitado al Gobierno regional que, al igual que harán otras autonomías, como Navarra o Castilla y León, compense la disminución de las subvenciones aportando lo que deja de aportar el Estado.
Porque el evidente recorte del apoyo público estatal no sólo encarecerá las pólizas para los productores, sino que además, como consecuencia pueden descender los niveles de contratación.
Paradójicamente, se promueve una fidelización del sistema de seguros agrarios y la permanencia de los asegurados. Y se ofrecen primas muy altas y coberturas de dudosa asegurabilidad.
Así que dicho todo esto, todavía queda mucho camino por andar. El futuro de los seguros agrarios, a nuestro parecer, debe encaminarse hacia el seguro de rentas, es decir, implantar una línea que aporte garantías de ingresos. Este tipo de seguros cubriría no sólo los riesgos derivados de los factores naturales, sino también de los ligados al funcionamiento de los mercados. Hasta que esto llegue, seguiremos trabajando por mejorar el sistema de seguros agrarios español, que desde que naciera hace casi 40 años se ha consolidado como un referente mundial.