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ASAJA de Cuenca presentará alegaciones a la ZEPA de El Hito

Jueves, 10 de marzo de 2016

-Este viernes, tras ser acordado en el Comité Ejecutivo Provincial

El presidente de ASAJA de Cuenca, José María Fresneda, ha anunciado que la organización agraria presentará este viernes alegaciones a la declaración de la ZEPA de El Hito, al entender que la propuesta no contempla una compensación de lucro cesante para los agricultores después de los cinco años de aplicación de un programa agroambiental, con independencia de que se revisen o no los planes de gestión.

En su balance del último comité ejecutivo provincial, celebrado este miércoles, Fresneda ha dicho esperar que todas las partes puedan sentarse a analizar la posibilidad de concretar un plan de gestión para la zona porque, de no ser así, ASAJA Cuenca seguirá adelante con sus alegaciones. 

Por otro lado, en el plazo de una semana la organización agraria realizará propuestas a aplicar tanto en las zonas de especial protección y aplicación obligatoria de prácticas agroambientales, como en el resto. 

Emergencia cinegética temporal por daños de conejos

Con respecto a la declaración por parte de la Junta de emergencia cinegética temporal por daños de conejos, Fresneda ha afirmado que no es un problema que se resuelva con un “boletín oficial” o con medidas de carácter cinegético, sino declarando la existencia de una plaga para poder retirarlos de las zonas más afectadas y suspendiendo temporalmente el decreto de conservación del conejo. 

A su juicio, el lío de normativas está poniendo a los agricultores “a los pies de los caballos” y la declaración de emergencia es solo un gesto de buena voluntad y nada más.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

En otro orden de cosas, Fresneda ha valorado la nueva orden de aplicación de las medidas de agricultura ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural asegurando que ha sido un “jarro de agua fría” para los agricultores y que es inaceptable “de todas todas”, ya que supondrá una reducción de las ayudas por hectárea que puede alcanzar el 66% en el caso de los herbáceos. 

En este sentido, ha admitido confiar en la “fuerza y razón” de ASAJA y en la posibilidad de llegar a un entendimiento para que la agricultura ecológica no desaparezca de Castilla-La Mancha. En principio, ha apuntado, desde la negociación y después haciendo “lo que haga falta”. 

Si hay problemas de ajuste de cantidades, de introducción de muchas más hectáreas de lo que el presupuesto “puede soportar”, ha pedido que se lleven a cabo las discriminaciones positivas necesarias a favor del agricultor que cumple la normativa. 

A este respecto, en los próximos días se celebrará una sectorial a la que están invitados representantes del sector de las cinco provincias de Castilla-La Mancha así como la Consejería de Agricultura.

PAC

El responsable de ASAJA Cuenca ha anunciado, asimismo, la solicitud de ampliación del plazo de tramitación de la PAC hasta el 15 de mayo, al no existir ninguna orden desarrollada sobre las medidas del PDR que van a entrar en la solicitud de pago único y desconocer los derechos de pago básico que tendrán los agricultores y que el Ministerio determinará el 31 de marzo. 

En cuanto a las novedades, ha citado el hecho de que las parcelas arrendadas de más de dos hectáreas van a necesitar el NIF del arrendador y, en caso de una superficie comunal asignada por una entidad gestora de la misma, se debe presentar dicha asignación. 

También ha recordado que los expedientes relacionados con explotaciones de más de doscientas hectáreas deberán realizarse mediante visor gráfico y que existirá la posibilidad de declarar cultivo principal, sujeto a inspecciones periódicas, y secundario, y de pedir ayuda acoplada en ambos casos. 

Finalmente, ha hecho mención, asimismo, a la reforma por la que, a partir de ahora, la superficie cultivable aledaña a los pantanos no recibe asignación de derechos de pago, por lo que los agricultores no han percibido ninguna ayuda por ellas en el caso de las sociedades civiles, en las que el total de las tierras declaradas son pantanos. 

Un conflicto que este año afecta a 5.000 hectáreas y alrededor de 20 municipios que tienen en juego 632.500 euros. 



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