A las puertas de la campaña de la vendimia y en plena recolección de frutas y hortalizas, los agricultores castellano-manchegos luchan para combatir las deficiencias arrastradas por la crisis, mientras observan expectantes como su trabajo forma parte de los habituales debates de los políticos, cuyo fin no es otro que el de derribar a los adversarios con discursos grandilocuentes.
Y es que la crisis, según ASAJA de Castilla-La Mancha, ha dejado al descubierto la inexistente Política Agraria nacional que desampara a los agricultores ante unos precios de los productos irrisorios y un sistema de comercialización colmado de carencias. El cada vez más competitivo mercado internacional, hace necesaria una apuesta fuerte para poder contar con los instrumentos adecuados en cuanto a la promoción y comercialización se refiere.
El mismo Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en su discurso de clausura de la Conferencia sobre el Debate Público sobra la PAC después de 2013, apuntaba que la agricultura de la Unión Europea debe ser más competitiva.
A la conquista de mercados hay que añadir, según la Organización Agraria, una serie de medidas clave para una política moderna en un sector estratégico, como es un sistema de pagos directos al agricultor que permita la sostenibilidad económica, social y ambiental del mundo rural. Una buena gestión de las ayudas, que priorice a los verdaderos profesionales del campo, supondría una apuesta por los agricultores que producen alimentos seguros y de calidad, generan empleo y, en definitiva, garantizan la supervivencia del 90 por ciento del territorio nacional.
Y es que hablar del campo castellano-manchego, español y europeo, es hablar de calidad, a pesar de que la ineficaz política aplicada en el territorio nacional se olvide de mantener el principio de “preferencia comunitaria” o, lo que es lo mismo, abrir las fronteras únicamente cuando se compita en el mercado globalizado en igualdad de condiciones económicas, sociales, sanitarias y medioambientales. Y si las leyes o los organismos que velan por su cumplimiento (CNC, aduanas, políticas arancelarias...) no atienden las necesidades de los ciudadanos, entonces tendrán que cambiar, con el fin de defender los intereses de los productos nacionales, del mismo modo que operan muchos países en el marco de la Organización Común del Comercio (OMC).
Y mientras esto no ocurra, el sector primario español está destinado a la desaparición. Quizá entonces, los políticos tomarán conciencia de que los agricultores, mientras trabajaban arduamente en el campo, ya eran conocedores de las reglas del juego de la política agraria nacional desde que España entró a formar parte de la Unión Europea. Una política basada en discursos estériles con el único objetivo de ganar la batalla dialéctica, pero muy lejos de defender los verdaderos intereses de los agricultores.
"