La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha denunciado la falta de compromiso de los dirigentes políticos ante el problema que sufre la región en materia hidráulica y ha exigido a la clase política que se una a la sociedad civil para defender con firmeza y unanimidad los intereses en materia de agua de los castellano-manchegos.
Así fue manifestado por el Secretario General de ASAJA C-LM, José María Fresneda, en la rueda de prensa ofrecida en Toledo, junto a los vicepresidentes regionales Florencio Rodríguez y Manuel Juárez. Los dirigentes agrarios han mostrado su decepción al escuchar siempre los mismos mensajes por parte del Gobierno y de la oposición, pues considera que no ha habido continuidad en la defensa de los derechos hídricos de la Comunidad y no se han cumplido los compromisos en materia de infraestructuras publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Por este motivo, la Organización Agraria acudirá a la manifestación de Talavera de la Reina (Toledo) con la esperanza de que este acto reivindicativo sea el embrión de la unidad política a favor del agua para la región.
Según ASAJA C-LM, frente a la frivolidad que se practica en la región a la hora de hablar de agua, “tenemos una envidia sana del discurso único defendido en Aragón o el Levante”.
No obstante, denuncia el negocio que supone el Tajo-Segura en Valencia y Murcia. “El precio que se paga por un metro cúbico el agua de Estremera, es la mitad de lo que cuesta en una desaladora”. Por ello, considera que “es un montaje de Levante, con el apoyo de Madrid, y con el beneplácito del discurso de los de aquí, que aseguran que el agua que se trasvasa es para beber sin existir ningún control real sobre ello”.
En cuanto a la tubería manchega, ASAJA recuerda que se empezó a construir en 1994 y todavía no es efectiva, pues en ese año el Gobierno de entonces paró su construcción para utilizar su presupuesto en solucionar el problema en Doñana. Después ha habido tres o cuatro inauguraciones pero la población aún no puede beneficiarse de la infraestructura.
Sobre el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), la Organización Agraria acusa al Ejecutivo Central de incumplir lo comprometido. Por ello, exige que, “si no se cumple lo contemplado en un Real Decreto, que tampoco sancione, pues ya se están registrando expedientes sancionadores en la Comunidad”.
Ante esta situación, ASAJA de Castilla-La Mancha exige que el Gobierno garantice el Estado de Derecho en Castilla-La Mancha en materia hidráulica y se olvide de hacer del agua un motivo de disputa electoral y de debate estéril.
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