La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha asegurado que la bajada en los presupuestos de la Consejería de Agricultura para 2013 tiene un efecto negativo para los agricultores de la región, al tiempo que ha pedido al partido de la oposición que no presente una enmienda a la totalidad a las cuentas de la Comunidad Autónoma.
En rueda de prensa, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha lamentado -en lo que se refiere al presupuesto de la Consejería de Agricultura- que haya bajado un cuatro por ciento respecto al año anterior, aunque sea el departamento de la Junta que menos reduce sus cuentas. Indicó que cualquier reducción que pueda haber en un presupuesto destinado a Agricultura es una dramática noticia porque el sector agrario no ha generado la situación de crisis económica y es el que más liquidez está inyectando al sistema financiero del país.
Por otra parte, Fresneda hizo un llamamiento al partido de la oposición para que no plantee una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales porque de ser así, se bloquea la cantidad final destinada a cada consejería. No obstante, sí que se mostró partidario de que se presenten enmiendas parciales para trabajar y negociar, incluso ofreció su colaboración para mejorar el presupuesto del sector agrario.
Fresneda concretó que las partidas de la Consejería que más se verán afectadas van a ser el cese anticipado -que se reduce un 46 por ciento- y los seguros agrarios -experimentarán una reducción de un 21 por ciento-. No obstante, la Organización Agraria valoraba el esfuerzo de Agricultura, máxime cuando otras comunidades autónomas han eliminado la aportación autonómica de las ayudas a los seguros.
Lo que sí que valoró Asaja ha sido el incremento presupuestario para las indemnizaciones compensatorias en un 19,8 por ciento, el aumento para el asesoramiento a explotaciones y el incremento para las ayudas agroambientales en un 32 por ciento.
Además de todo ello, planteó al Ejecutivo regional la creación de un plan de pensiones para el sector en Castilla-La Mancha, al estilo del que hay en Castilla y León y que tendría un coste bajo, financiado por la Administración, las entidades financieras y el propio agricultor.