La Organización Agraria confía en que con el esfuerzo de todos, se escuchen los intereses de los viticultores castellano-manchegos en las instituciones europeas
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha considera un avance la prórroga del régimen de derechos de plantación de viñedos hasta el año 2030 aprobado por la Eurocámara pero mantiene las cautelas hasta que se alcance el compromiso político y financiero sobre la reforma de la PAC entre Parlamento, Comisión y Consejo.
Para la Organización Agraria, las 600.000 hectáreas de viñedo con las que cuenta Castilla-La Mancha es argumento suficiente como para que se tengan en cuenta los intereses de los viticultores de esta región en la toma de decisiones de las instituciones europeas.
Así se lo hicieron saber el presidente y el secretario general de ASAJA CLM, Fernando Villena y José María Fresneda, respectivamente, a los representantes comunitarios en Bruselas. Del mismo modo, la Organización Agraria ya está trabajando en el seno del COPA-COGECA para que la voz de los productores castellano-manchegos esté presente en Bruselas y confía en que la Administración defienda los intereses como ya lo han hecho otras comunidades con el azúcar o el aceite de oliva.
De no mantenerse el sistema de plantación de viñedos, se producirían nefastas consecuencias en el sector, tales como un inmediato descenso del precio de la uva y de los vinos, se deslocalizaría el viñedo y se desmantelaría el tejido socioeconómico en grandes zonas vitícolas europeas, como lo es Castilla-La Mancha, además de poner en riesgo las inversiones hechas en las diferentes reestructuraciones de viñedo.
ASAJA de Castilla-La Mancha también se ha mostrado satisfecha por la ampliación al mercado interno de la UE de las campañas de promoción de consumo de vino dada la importancia de la internacionalización para dinamizar el sector vitivinícola de la región.
Por otra parte, la Organización Agraria ha valorado el apoyo del Parlamento para mantener las actuales ayudas de la PAC, que en la región suponen casi 1.000 millones de euros al año. Ninguna de las decisiones políticas tendría garantías si no se apoya con un presupuesto sólido.