Las actuaciones delictivas se han convertido en un problema cotidiano cuya solución es la ampliación de las dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el campo. Además es necesaria una revisión del Código Penal para que deje de considerar estos actos como un delito menor en el que los delincuentes gozan de una total impunidad. Las sanciones deben endurecerse y tratar estos actos delictivos como un atentado contra la propiedad privada.
Los agricultores y ganaderos de la región viven una sensación de auténtica inseguridad y desprotección ya que los robos afectan a su propia integridad física y moral al producirse incluso atracos con amenazas. A ello, hay que sumarle las cuantiosas pérdidas económicas que les está produciendo tanto en las instalaciones de riego, cosechas, suministros, granjas, colmenas, etc., como en la cosecha, ya que los agricultores se ven privados del agua de riego habitual.
Por ello, ASAJA C-LM solicita a las administraciones indemnizaciones que compensen los daños económicos de las explotaciones ya que los seguros no amparan al agricultor en estas situaciones.
De hechos puntuales se ha pasado a una situación excepcional y como tal, deben plantearse medidas extraordinarias ante la oleada diaria de robos y atracos. La Organización Agraria no acepta un debate de acusaciones para justificar una falta de responsabilidad y está dispuesta a colaborar con el Gobierno a fin de que se termine con la delincuencia y los agricultores y ganaderos recobren su tranquilidad."
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