En rueda de prensa, Fresneda indicó que la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad supone un cheque en blanco a las administraciones autonómicas e implicará una pérdida de valor de las explotaciones, ya que nadie va a querer comprar una finca ubicada en espacio protegido puesto que habrá que pedir permiso para todo y muchas actuaciones no se podrán realizar por no estar autorizadas al estar en un espacio protegido.
Así, ASAJA considera que tanto la Red Natura, primero, y ahora la Ley del Patrimonio confisca y requisa derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la propiedad privada. El artículo 39 establece que la simple inclusión de un terreno en un espacio protegido, implica la declaración de utilidad pública a “efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la comunidad autónoma para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto [...]
En términos generales, esto significa que cuando dos particulares se pongan de acuerdo en arrendar o comprar y vender un terreno, tendrán que notificárselo a la Administración por si quiere igualar la oferta y quedarse la propiedad. Y como todos los territorios situados en espacios protegidos, pasar a ser de interés general público, pueden ser objeto de expropiaciones de uso cuando la Administración así lo quiera.
Además, si tenemos en cuenta la Ley del Suelo, para determinar el justiprecio no se tiene en cuenta el precio que se acaba de pagar, sino la capitalización de rentas de la finca, puede ocurrir que una finca por la que se pagó 100 hace dos años, ahora se expropie por 30.
Por tanto, la Ley de Parques Naturales como la Red Natura e incluso la Ley de Patrimonio Natural, supone un fraude para el derecho de la propiedad, al no seguir un procedimiento expropiatorio de limitación de uso ni tampoco indemnizatorio. ASAJA C-LM denuncia pues, que cualquier limitación que por vía Decreto o Reglamento se produzcan a la propiedad, a su uso y a sus frutos, sin procedimientos expropiatorios y sin indemnización son inconstitucionales.
Por último, Fresneda se ha referido a la otra actividad afectada junto con la agraria, la cinegética. Los propietarios de cotos sufrirán también expropiaciones de uso, mientras los cazadores tendrán que enfrentarse a limitaciones tan importantes como la prohibición del uso de plomo. Habrá también prohibiciones y recortes a la media veda y a la caza de migratorias y trabas para practicar modalidades tan arraigadas como la perdiz con reclamo, la contrapasa y la caza de conejo, entre otras."