- La Organización se ha reunido este miércoles en Bruselas con el comisario Wojciechowski y ha presentado sus principales demandas.
ASAJA reclama la dimisión del comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, por su falta de peso político y su ineficacia al frente del máximo órgano de gestión del sector agropecuario europeo. La delegación de ASAJA en Bruselas, en una alianza ibérica con agricultores portugueses de la CAP, se reunió en la tarde de ayer con el comisario en el edificio Berlaymont en la capital belga.
Asimismo, en una reunión propuesta por el eurodiputado Jorge Buxadé (ECR-VOX), donde también han participado otras organizaciones agrarias, Cooperativas Agroalimentarias, Copa-Cogeca y ELO, la delegación de ASAJA ha expuesto las principales demandas del sector agropecuario en España y ha reclamado la dimisión de Wojciechowski por su inacción durante todo su mandato.
ASAJA ya declaró persona non grata al exvicepresidente primero de la Comisión Europea, el socialista Frans Timmermans, tras la presentación de su Pacto Verde y su ataque encubierto a la ganadería y la agricultura, y ahora exige la dimisión del comisario de Agricultura por su pasividad en la gestión y su desidia a la hora de defender a los agricultores europeos durante estos cinco años.
En este sentido, “si el exvicepresidente socialista Timmermans será recordado como el peor vicepresidente de la Comisión Europea por su acción, Janusz Wojciechowski será recordado como el peor comisario de Agricultura de la UE por su ineficacia” han apuntado desde ASAJA Bruselas.
Por su parte, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ha presentado un paquete con once medidas a nivel europeo y 16 a nivel nacional y autonómico, para que los responsables de las instituciones puedan atender las demandas concretas de los agricultores.
Finalmente, la aprobación de la flexibilización de la BCAM 8, es una prueba de que la Unión Europea continúa muy desconectada de la realidad y los intereses del campo, aun cuando rectifica. Por ejemplo, la opción de cultivar, sin tratamientos fitosanitarios no es viable, ya que está abocada a aumentar gastos (labores, semillas, riego) y a perder gran parte de la cosecha. En definitiva, ¡una situación insostenible!
PAQUETE DE MEDIDAS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO ANTE LA SITUACIÓN ESTRUCTURAL Y/O COYUNTURAL QUE SUFRE EL SECTOR
PROPUESTA DE ASAJA NACIONAL SOBRE MEDIDAS CONCRETAS TANTO PARA EUROPA, ESPAÑA COMO COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A NIVEL EUROPEO:
Las tres primeras ha sido incluso propuestas por el comisario de Agricultura de la UE, la semana pasada, a la mismísima presidente de la Comisión Europea, la Sra. Von der Leyen.
Tres medidas que la Comisión Europea podría adoptar para abordar las causas profundas de las protestas y ofrecer un alivio inmediato y sustancial a la comunidad agrícola. Es importante señalar que estas propuestas no requieren modificar el marco jurídico vigente, sino que podrían aplicarse proporcionando orientaciones a los Estados miembros, indicando una nueva interpretación para facilitar la aplicación y potenciar el impacto de la PAC. Por lo tanto, podrían ponerse en práctica rápidamente y producir resultados positivos en un breve plazo de tiempo:
1)Ajuste por inflación de los pagos directos financiados con cargo a los presupuestos nacionales.
Los agricultores planteamos la cuestión de la inflación, que disminuye drásticamente el valor real de los pagos directos, mientras que a nivel de la UE no es posible ajustar el presupuesto de la PAC a la inflación por la normativa del MFP. Por lo tanto, exigimos a la CE que permitan a los Estados miembros ofrecer un ajuste obligatorio (para no crear distorsiones de mercado) de hasta el 15% (el comisario propone el 10%), financiado con cargo a los presupuestos nacionales. Esto entraría en el ámbito de la Comunicación de la Comisión sobre el marco temporal de ayudas estatales adoptado como respuesta a las circunstancias excepcionales causadas por la guerra de agresión rusa en Ucrania.
2)Exención de sanciones justificada por circunstancias excepcionales
Otro punto de protesta es el carácter opresivo y costoso de la condicionalidad. Los agricultores señalamos que las obligaciones de retirada de tierras de la producción en un 4%, rotación de cultivos y cobertura invernal (todas ellas enmarcadas dentro de las BCAM) como costosas y muy gravosas de aplicar durante la crisis.
Exigimos que se proporcione orientación a los Estados miembros indicando que la actual crisis del mercado causada por la guerra en Ucrania, que conduce, por una parte, a elevados costes de producción y, por otra, a la caída de los precios de los productos agrícolas, puede considerarse una circunstancia excepcional en el sentido del artículo 3 del Reglamento (UE) nº 2116/2021 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC. Sobre esta base, también de conformidad con el artículo 59 de dicho Reglamento, los Estados miembros deben eximir a los agricultores de la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las normas relativas a las BCAM (buenas condiciones agrarias y medioambientales de las tierras).
3)Aliviar la carga de la prueba para recibir ayudas directas
Nos quejamos de la excesiva burocracia de los pagos directos, en particular de los regímenes ecológicos, en los que deben aportar pruebas como fotos georreferenciadas para demostrar determinadas acciones en el campo o elaborar complejos informes sobre las prácticas del ganado.
Exigimos que se proporcione una aclaración oficial, corroborada por el marco jurídico aplicable de la UE, en la que se establezca que, en relación con las pruebas necesarias para conceder los pagos directos, los Estados miembros pueden (y deben) conformarse con la declaración del agricultor de que se han llevado a cabo las prácticas adicionales requeridas para recibir la ayuda del primer pilar, sin solicitar documentación adicional.
El objetivo es invertir la práctica administrativa existente y perjudicial para los agricultores, según la cual el agricultor debe demostrar haber llevado a cabo la práctica. En su lugar, el control administrativo debería, en caso de duda razonable, aportar la prueba de que el agricultor no ejerció la práctica según lo declarado. Este planteamiento debería hacerse a los pagos directos y para el segundo pilar, es decir, las medidas de desarrollo rural.
Otras medidas importantes a nivel europeo no propuestas por la CE ni ninguna institución europea que son necesarias para atajar la situación estructural y coyuntural que sufre el campo europeo:
4)Paralización inmediata del sunami legislativo al que nos tienen sometido desde las instituciones comunitarias durante, al menos, el final de la actual PAC en el año 2027.
Durante lo que queda del actual marco regulativo de la PAC, que acaba en el 2027, la CE se compromete a no presentar ni una sola ley más que afecte a la regulación de los agricultores y ganaderos. Además, se comprometerá a iniciar una estudio de impacto de alto nivel y sobre todo acumulativo donde se midan las consecuencias económicas de todas y cada una de las políticas dentro del Green Deal, es decir, que se midan todas las consecuencias de La Granja a la Mesa, Biodiversidad, Ley de la Restauración de la Naturaleza, Directiva de Usos Industriales, acuerdos comerciales con terceros países, en especial con lo que respecta a Marruecos, Argelia, Egipto, Sudáfrica o los países del Mercosur.
5)Retirada inmediata de la Ley de la Restauración de la Naturaleza
Hay que excluir de la ratificación final de los trílgos, todo lo que respecta a los Sistemas Agrícolas (Artículo 9) por el alto impacto sobre la productividad agropecuaria que tendría. Para muestra, tres ejemplos de la lesividad de esta ley:
-Imposibilidad de realizar actividad agropecuaria rentable dentro de las zonas Red Natura2000 (que representan casi el 40% de la superficie total de España) por el aumento de las normativas relacionadas con la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el no uso del regadío.
-La introducción de la cláusula de no deterioro, significaría que no se podrá arreglar/mejorar/ampliar/ NUNCA un camino o cobertizo o hacer una simple conversación de cultivos, puesto que una vez se haya llegado a los parámetros del restablecimiento de la naturaleza en las zonas protegidas no habrá vuelta atrás.
-Por último, la propia CE, ha reconocido esta semana que no tiene un presupuesto específico para esta transición, por lo tanto, pretenden que a través de los fondos de la PAC se haga esta transición, algo totalmente inasumible por el sector que no puede realizar una PAC verde con números rojos.
6)Retirada inmediata también de la Directiva de Usos Industriales
Esta Directiva pretende equipara los requisitos de una fábrica de tornillos con las explotaciones pecuarias. Por lo tanto, la ganadería, en caso de ratificarse el acuerdo en trílgos, se podría equiparar a otros sectores que son fábricas de producción, lo que se traduce en mayor papeleo, mayor condicionantes ambientales.
Para ello pedimos la retirada inmediata de los artículos que afectan al sector, por los tanto, abogamos también el mantenimiento del actual estatus quo donde nuestras explotaciones ya cumplen con la normativa estipulada.
7)Aprobar el marco regulatorio para las Nuevas Técnicas de Edición Genética
Es extremadamente importante que, tras la votación y aprobación del dossier sobre las NGTs en el Parlamento Europeo, (que nos permitirán conseguir a través de la biotecnología ser más eficientes en el empleo de fitosanitarios, fertilizantes, irrigación y que incluso se adaptarán mejor nuestras plantas a los fenómenos adversos como la sequía), el Consejo adopte de una vez su posición y puedan cerrarse el acuerdo a tres bandas antes de las elecciones europeas para dotar al sector de una seguridad jurídica necesaria para que los agricultores puedan acometer sus inversiones de futuro con garantía y se asegure un relevo generacional con éxito.
8)Proporcionar un marco regulatorio más estable dentro de la PAC
Pedimos que, a partir de la próxima reforma de la PAC, las siguientes PAC cuenten con una implementación del doble de tiempo (siempre en línea de los Marcos Financieros Plurianuales). Por lo tanto, la próxima PAC debería durar al menos 14 años para garantizar la seguridad jurídica al sector.
9)Volver a poner en el centro de la PAC la preferencia comunitaria y el valor del Mercado Único
Las instituciones europeas deben volver a la defensa de la preferencia comunitaria y de la protección del Mercado Común para asegurar la competitividad del sector agropecuario europeo.
10)Introducción realista de las famosas cláusulas espejo en los actuales y futuros acuerdos comerciales
La mejor PAC es aquella que reciben los agricultores y ganaderos de los mercados. Desde ASAJA estamos a favor de los Acuerdos Comerciales con Terceros Países, pero creemos que existen mecanismos, dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para conseguir que nuestro sector siga siendo competitivo y deje se sufrir la competencia desleal.
La UE debe comprometerse inmediatamente a la paralización de cualquier acuerdo comercial de libre comercio si no se exige el mismo cumplimento de la normativa de bienestar animal, por una excepción de moral pública; y también suspender el acuerdo con los países del Mercosur por un daño a la biodiversidad y agravamiento del cambio climático. Ambas excepciones quedan recogidas dentro de la OMC y servirían para la aplicación de aranceles inmediatos
Por lo tanto, habría que iniciar una modificación inmediata de los acuerdos comerciales con países como Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Turquía y Sudáfrica para exigirles excepciones de moral pública y por daños a la biodiversidad y agravamiento del cambio climático.
11)Creación de un cuerpo de élite europeo para controlar el cumplimiento de la normativa referente a los contingentes arancelarios y aranceles que son competencia de los Estados miembro.
Somos conocedores que solo se investiga el 0.1% de las mercancías que llegan a los puertos, y además sabemos que los gobiernos de Países Bajos, a través del puerto Rotterdam, el gran coladero de Europa, por donde entran infinidades de enfermedades vegetales y animales; o cualquier puerto de España por donde entran una inmensidad de productos marroquíes sin control aduanero. El primero, por intereses privados (los controladores son una empresa) del gobierno de los Países Bajos, y el segundo, por intereses geopolíticos (el controlador es el gobierno de España) no velan por los intereses del sector agropecuario. Por esas razones exigimos la creación de un cuerpo de élite europeo que controle a los EE.MM del fraude que cometen ante todos los consumidores, no solo ante el sector agropecuario.
A NIVEL NACIONAL / CCAA:
A continuación, vamos a preparar una batería de 16 medidas que deberían aprobarse, por parte del gobierno de la nación y por parte de las CC.AA (según sus competencias) de forma enmiendita para corregir las situaciones estructurales y/o coyunturales que se dan en el sector:
1)Bonificación, tanto a las personas físicas como jurídicas, de aquellos que se dedican al sector agropecuaria y forestal de al menos el 50 % de los gastos que supone la contratación de los trabajadores, siguiendo el ejemplo de Rumanía.
2)Implementación inmediata de la doble tarifa agraria y con efecto retroactivo desde su última aprobación en la Ley de la Cadena en el Congreso. El gasto generado del incumplimiento de esta ley deberá correr por parte de la administración central.
3)Obligatoriedad del seguro agrario para todos los profesionales del sector. Además, y para favorecer esa transición, las administraciones públicas se comprometen a aumentar su aportación en todas las líneas de seguro de, al menos, un 50 %:
4)Para conseguir unos objetivos más ambiciosos para dejar de emitir CO2 a la atmosfera, sin que eso socave la rentabilidad de los agricultores y ganaderos, la administración se compromete a triplicar en estos 5 próximos años la cuantía de la renovación del Plan Renove para cualquier tipo de maquinaria que cumpla con los requisitos medioambientales más potentes del mercado.
5)Un paquete de ayuda antichoque que ponga a disposición del sector 500 millones de euros, entre el gobierno y las CC.AA. para que sirvan, única y exclusivamente, para proteger la renta maltrecha de los agricultores y que ayude a recuperar el lucro cesante por los condicionantes ambientales y de protección animal a los que son sometidos desde la PAC. Además, hay que acabar con la formula del reparto de café para todos y seleccionar única y exclusivamente patrones agronómicos y de mercado para conceder estas ayudas, sin importar el tamaño o el tipo o modelo de explotación.
6)Aumento inmediato de los controles por parte de la AICA y de las CC.AA. para garantizar el cumplimento de la famosa Ley de la Cadena. Además del incremento de su partida para obtener más recursos para el control de las infracciones. Por último, es necesario que las infracciones que se ejecuten deben tener unas cuantías acordes con la importancia de la empresa infractora.
7)Para mejorar la actuación de la Ley de la Cadena, cada CC.AA. tendrá que realizar a través de las universidades de su región, y cada año y bajo sanción por incumplimiento, de un estudio de mercado sobre los costes de producción de todos y cada uno de los productos agroalimentarios que se produzcan. Una vez tenga esos parámetros, las CC.AA. deberán hacérselo llegar a todas las partes de la Cadena con una notificación oficial.
8)Todas las CC.AA. deberán implementar ya, todas las flexibilizaciones que exijan los agricultores y ganaderos, a través de mesas especiales de interlocución, para agilizar los procesos de la mejor manera. Además, debería bastar con que una CC.AA. apruebe una flexibilización de las BCAM o los Eco regímenes para que se puedan aplicar de forma automática en el resto de las regiones.
9)Exigimos que las ayudas de incorporación que se ejecutan a través del Segundo Pilar de la PAC, deban ser ejecutadas cada año para favorecer el relevo generacional. Además, demandamos que estas no estén ligadas a elecciones autonómicas por su calendario. Por último, imploramos que si una CC.AA. rebasa el presupuesto que tiene dedicado al relevo generacional, que sea la administración del Estado la que asuma el desfase presupuestario no dejando ningún expediente sin ejecutar por falta de fondos.
Además, exigimos que no haya ninguna tasa impositiva al aceptar estas ayudas u otras que tengan en cuenta favorecer el relevo generacional para reconocer la valentía de las nuevas incorporaciones al sector.
10)Bonificación inmediata de todos los impuestos al 50 % para los agricultores, ganaderos y/o empresas, sin importar la figura jurídica a la que esté sometida la actividad. En el caso que un impuesto sea local o autonómico, será el gobierno de España el que asuma la bonificación.
11)En cuanto al comercio internacional con Terceros Países, exigimos que todas las administraciones, a través de las Universidades u otros organismos que estimen oportuno, también posean estudios sobre los costes de producción de cada producto agroalimentario, para que se tenga ese índice de referencia para activar, en el caso de que ocurra una distorsión grave de mercado, un mecanismo compensatorio mediante ayudas estatales (minimis) a esas explotaciones que sufran.
12)Demandamos de forma inmediata, indultos y regularización de todas las explotaciones que tengan expedientes y/o infracciones con el uso de los recursos hídricos. Hay que dotar de seguridad jurídica de nuevo a las empresas y dar una ley de segunda oportunidad para el que se ha equivocado.
13)Para dotar de mayor seguridad al sector agropecuario, exigimos que se establezca, siguiendo el ejemplo de Portugal, un único organismo (que dependa del MAPA) que sea el que se encargue de evaluar las autorizaciones y expedientes de los fitosanitarios y que, así mismo, se acorten los años de ese proceso.
14)Demandamos una ley, bajo una cláusula económica de al menos 5 años de penalización, si el gobierno de turno decide acabar con la bonificación al diésel agrícola.
15)Cláusulas espejos inmediatas con las medidas que favorezcan al sector agropecuario que hayan sido aprobadas por otros países de la UE:
Por ejemplo, si Francia pone un paquete para atajar y compensar la problemática de la Enfermedad Hemorrágica, y el sector agropecuario está a favor, el gobierno de España deberá implementar ese mismo paquete de ayuda antes de 3 meses y con las dotaciones pertinentes.
Por ejemplo, si cualquier país de la UE concede una autorización excepcional para cualquier producto fitosanitario, España, en un periodo máximo de 3 meses, debe aprobarlo también.
16) Desarrollo de un plan nacional de modernización e inversión de infraestructuras para mejorar el regadío de España a través de los Fondos Next Generation. El presupuesto deberá representar el mismo % que representa el sector agroindustrial en el PIB de España.