- Si no se aprueban bonificaciones para afrontar el incremento de costes salariales.
Con el acuerdo alcanzado hoy entre el ministerio de Trabajo y los sindicatos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube un 5% más, hasta situarse en los 1.134 euros. Esto supone una subida acumulada de un 54%. En los últimos cinco años, los costes salariales en el sector agrario han generado un impacto dramático en las cuentas de las explotaciones agrarias, a lo que hay que sumar el aumento de precio de los inputs de producción y unos precios de venta que no compensan estos incrementos.
Desde ASAJA no nos negamos a que se suba el SMI a los trabajadores, pero reclamamos apoyo para que el sector agrario pueda asumirlo, es decir, el establecimiento de bonificaciones al empleo para los empresarios agrarios, como así lo han reclamado las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) en las reuniones celebradas entre el ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
La situación que arrastran los agricultores y ganaderos en estos momentos es muy preocupante, tras un año (en algunos casos dos) de dura sequía que ha mermado las cosechas; tras varios años de encarecimiento de todos los bienes de producción (semillas, piensos, abonos y combustibles) y con unos precios de venta que no permiten repercutir costes. Y empieza a ser alarmante el número de explotaciones que cierran cada día.
Ya en febrero de 2023, hace casi un año, ASAJA advirtió sobre el impacto que las subidas del SMI estaban teniendo en el empleo agrario. En el año 2022, el incremento de los costes salariales, unido a los nefastos efectos de la reforma laboral, hicieron caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores. En 2023, solo en el tercer trimestre el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas respecto al año anterior. Esta última subida agravará, inexcusablemente, la tendencia de reducción de empleo en el sector.
Por último, es preciso señalar que el nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional podría tener consecuencias sobre el precio de los alimentos, algo que el propio Gobierno está intentando combatir con la reciente prorroga de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra.