- El Ejecutivo incumple su compromiso con las Organizaciones Profesionales Agrarias e incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
- Los ganaderos acusan al Gobierno de tomar una medida “urbanita e irresponsable”, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural y piden la dimisión de la ministra Teresa Ribera.
- Las OPAs exhortan a las Comunidades Autónomas con presencia de lobo a proteger a sus ganaderos y a sus animales. Ya preparan movilizaciones en todas las zonas afectadas.
A pesar de las muchas reuniones, de los intensos diálogos, de los múltiples argumentos y de la total oposición de las Comunidades Autónomas con presencia de lobo, el Gobierno acaba de prohibir realizar ningún tipo de gestión cinegética de este depredador. La publicación en el BOE de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE) ha caído como un jarro de agua fría sobre los ganaderos y sus organizaciones representativas.
Desde ASAJA, COAG y UPA ha rechazado esta medida pues consideran que es ajena a los intereses de la ganadería y del medio rural. El lobo causa graves daños al ganado, pues se alimenta de él, muy especialmente de aquellas explotaciones que practican la ganadería extensiva.
“La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección”, señalan desde las organizaciones agrarias. El malestar con el Ministerio para la Transición Ecológica es grande, pues consideran que se ha tomado una medida “tendenciosa e ideológica” basada en una falsedad como que el lobo está amenazado en España, cuando no es así.
Además, acusan a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de “falta de palabra” pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el LESPRE. Por todo ello piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica.
“El blindaje del lobo es un ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la Península Ibérica. Los ataques al ganado aumentarán. Las pérdidas de la ganadería aumentarán. El despoblamiento aumentará”, pronostican los ganaderos. ASAJA, COAG y UPA han apelado a las Comunidades Autónomas con presencia de lobo a que “pongan todos los medios a su alcance, políticos y jurídicos, para proteger a sus ganaderos ante la inseguridad que genera esta medida”.
“Seguiremos luchando y haciendo oír nuestra voz”, advierten las organizaciones. “No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos”. Las organizaciones están ya estudiando la convocatoria de movilizaciones de rechazo a esta medida.