- La organización agraria asegura que los precios deberían estar mucho más altos que el año pasado para que se cubran los costes de producción.
- Urge a la Consejería de Agricultura a que actualice el estudio de costes de producción de la uva.
- Pide más controles para evitar prácticas irregulares que provocan el abaratamiento de los precios.
ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido que los precios que perciben los agricultores por su uva contemplen los costes de producción, y evitar así que, como en años anteriores, los viticultores reciban por su uva en torno a un 20% por debajo de lo que les cuesta producir.
En este sentido, ha recordado que las primeras previsiones de producción en Castilla-La Mancha apuntan a que será entre un 15 y un 20 por ciento menor a la de la cosecha pasada, lo que debe reflejarse a la hora de establecer los precios de la uva. No obstante, ha recordado que la reducción de cosecha no será tan acusada en otras regiones, por lo que ha pedido a las Administraciones competentes que refuercen los controles para evitar que se introduzca irregularmente uva de otras zonas a la región u otras prácticas inadecuadas, ya que también provocaría un abaratamiento de los precios y una tergiversación de la realidad.
Además, los servicios técnicos de ASAJA CLM han verificado que las cifras evidencian que la pasada campaña el precio recibido por los viticultores se situó por debajo de los costes de producción.
La organización agraria ha constatado que los viticultores perdieron dinero después de comparar los precios medios de las cooperativas y grupos bodegueros que ya han pagado las uvas de la campaña 2019/2020 con las del estudio de costes de producción realizado por ASAJA CLM en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Por poner algún ejemplo, la variedad blanca Airén en regadío en la Denominación de Origen Mancha tiene un coste de producción de 0,2085 euros/kilogrado, sin embargo, el precio medio que recibieron los agricultores ha sido de 0,165 euros/kilogrado.
Lo mismo ocurrió en el caso del Tempranillo en regadío en la Denominación de Origen Mancha, que tiene un coste de producción de 0,228 euros/kilogrado, mientras que el precio medio percibido por los viticultores ha sido de 0,21 euros/kilogrado.
Por ello, al inicio de la campaña de vendimia, la organización agraria ha recordado que, para que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria, el precio debería contemplar los costes de producción, independientemente de cuál sea el destino de la uva.
ASAJA CLM ha criticado que todavía no se ha terminado ni presentado el estudio de costes de la uva en el que estaba trabajando la Interprofesional del Vino de España (OIVE), por lo que ha urgido a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que apoye a los agricultores castellano-manchegos como lo hacen otras Administraciones regionales, como en La Rioja, donde se reconoce y difunde información detallada sobre los costes de producción de la uva y otros productos agrarios, además de otros datos de interés.
Por eso, la organización agraria ha explicado que mientras la OIVE ralentiza la publicación del estudio, lo que hace suponer que prevalecen los intereses de ciertos grupos frente a los de los productores, es urgente que la consejería actualice los datos de los costes y los difunda, ya que es un instrumento que aporta transparencia y equilibrio entre todos los eslabones de la cadena y facilita la toma de decisiones adecuadas en la gestión empresarial de las explotaciones.
En este sentido, ha lamentado que mientras todos los eslabones de la cadena alimentaria tienen un margen comercial positivo, año tras año el productor asume toda la pérdida de la cadena de valor. Esto, a su vez, está incrementando las ratios de endeudamiento en el sector agrario, debido a la necesidad de los agricultores de pedir préstamos para poder seguir ejerciendo su actividad.
Por último, ASAJA CLM ha insistido a sus socios para que pongan en conocimiento de la organización agraria todos los contratos que consideren que no reflejan en el precio los costes de producción y así, poner en marcha las actuaciones necesarias para evitar que la industria continúe abusando de su posición ante el sector productor.