- La organización agraria culpa a la pasividad del Gobierno nacional de que la modificación de la Ley de cadena alimentaria no terminará con los abusos a los agricultores en esta campaña de vendimia por no estar establecidos oficialmente los costes de producción.
ASAJA de Castilla-La Mancha ha denunciado que los grandes grupos de la industria del vino están ejerciendo una presión sobre los viticultores para que acepten unos precios por la uva que ni si quiera cubren los costes de producción, por lo que, a pesar de que exista una ley que les ampara, continúan los abusos en esta campaña de vendimia.
El pasado 26 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Dicha normativa, modificó la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y se introdujo que los contratos alimentarios, además de la obligatoriedad de reflejar el “precio con expresa indicación de todos los pagos”, deberán contener “indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”.
Sin embargo, ASAJA CLM ha explicado que la pasividad del Gobierno nacional va a provocar la ruina de los agricultores, pues no existe un documento oficial que establezca dichos costes de producción y, por lo tanto, está permitiendo que los dos grandes grupos industriales que operan en la región, Félix Solís y García Carrión, continúen ejerciendo con su posición dominante haciendo firmar a los viticultores una cláusula en lo contratos que no se ajusta a la realidad.
La organización agraria ya informó la semana pasada de que existe un estudio de costes de la uva elaborado por varias universidades españolas en el que estaban trabajando desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), pero que, los intereses de ciertos grupos que componen la Interprofesional, estaban retrasando los trámites burocráticos para que salga adelante la propuesta.
Así pues, la pasividad de la Administración pública va a provocar que las medidas puestas en marcha por el Real Decreto no cumplan su finalidad, que tal y como informó el Consejo de Ministros, es la de “evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones” de la cadena.
Igualmente, la organización agraria ha pedido a la Consejería de Agricultura que se pronuncie y actúe para impedir que los viticultores castellano-manchegos vuelvan a sufrir más abusos en esta campaña de vendimia.
Por último, ASAJA CLM ha hecho un llamamiento a sus socios para que pongan en conocimiento de la organización agraria todos los contratos que consideren que no reflejan en el precio los costes de producción y así, poner en marcha las actuaciones pertinentes para evitar que la industria continúe explotando a un sector que ha demostrado ser estratégico para la economía y la sociedad española.