ASAJA Castilla-La Mancha ha señalado que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral han generado un nuevo golpe para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos, debido a su impacto en los costes laborales y en la competitividad del sector.
Desde el año 2000, el SMI ha experimentado un incremento acumulado cercano al 80%, lo que ha supuesto un aumento significativo no solo en los salarios, sino también en las cotizaciones a la Seguridad Social y otros impuestos., En términos económicos, ha explicado el presidente de la organización, José María Fresneda, “la subida del SMI no se traduce únicamente en un incremento de 50 euros al mes para los trabajadores, sino que supone un coste total para los agricultores de aproximadamente 1.900 euros por trabajador, de los cuales casi un tercio se destina a impuestos y cotizaciones. En total, el sector agrario debe afrontar un sobrecoste de más de 4.500 millones de euros en cotizaciones debido a estas subidas salariales”.
A esta problemática se suma la falta de bonificaciones para los empresarios agrarios, quienes han solicitado medidas de apoyo que no han sido respaldadas por los sindicatos mayoritarios. “Este hecho agrava la situación de un sector que ya enfrenta dificultades para encontrar mano de obra y que tiene que depender, en gran medida, de trabajadores extranjeros y de mano de obra poco cualificada”.
Otro factor que empeora la situación del sector agrario es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que no tiene en cuenta las particularidades del trabajo en el campo. “En las campañas agrícolas, es fundamental recoger la mayor cantidad de cosecha en el menor tiempo posible para evitar pérdidas por inclemencias meteorológicas o porque se pudran los productos porque son perecederos”. La posibilidad de extender el horario de manera flexible, compensando esas horas extra con descansos o pagos adicionales, garantiza la recolección en estado óptimo. Sin embargo, al reducir la jornada, se acorta el tiempo disponible para la recogida y se incrementa la necesidad de contratar más trabajadores, lo que supone un problema aún mayor debido a la escasez de mano de obra para afrontar las grandes campañas de la región, como la vendimia o la aceituna, han indicado desde la organización.
Fresneda ha señalado que “ambas medidas suman un aumento de costes laborales imposible de asumir para el sector agrario, ya que los agricultores no pueden trasladar ese incremento al precio final de sus productos. Los agricultores no ponen los precios a sus productos, es el mercado quien fija los precios. Un mercado que, no debemos olvidar, es de alcance internacional, lo que implica que nuestros productos deben competir con los del fuera en condiciones desfavorables."
Además, los agricultores se han visto también perjudicados por la imposibilidad de realizar contratos eventuales o temporales para las campañas agrícolas, obligándolos a optar por contratos fijos o fijos discontinuos. “Actualmente, se estima que en España hay 860.000 trabajadores con contratos fijos discontinuos en situación de desempleo, lo que evidencia las deficiencias de la reforma en sectores con gran variabilidad estacional, como el agrario”, ha indicado el presidente.
En este sentido, Fresneda ha criticado que “la ministra de Trabajo muestra un desconocimiento total sobre la realidad de las relaciones laborales en el sector agrario. Parece ignorar que la gran mayoría de los agricultores son autónomos dedicados profesionalmente a la producción de alimentos para la sociedad y, en cambio, los percibe como un factor de riesgo para sus políticas”.
Finalmente, el presidente ha lamentado que “se trata de un nuevo ataque al modelo productivo español y otro varapalo más para los consumidores. La pérdida de renta de las explotaciones las empuja al cierre, y consecuentemente, perdemos soberanía alimentaria y aumentamos la dependencia de productos de terceros países, cuyas condiciones de producción y seguridad alimentaria distan mucho de las de aquí”.