El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes las bases de la Orden de Ayudas a la Mejora y Modernización de Regadíos en Castilla-La Mancha, dirigidas a las comunidades de regantes y SAT que ya estén constituidas y tengan concesión de derechos de agua. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Martínez Arroyo ha considerado que es posible redistribuir la riqueza con el agua, en una apuesta por “un modelo de regadío social que reparta la riqueza entre los habitantes del medio rural”.
Entre los criterios de asignación de las ayudas tendrán prioridad aquellas comunidades de regantes o sociedades con mayor porcentaje de mujeres, de jóvenes y de titularidades compartidas; mayor número de regantes dentro de la entidad asociativa beneficiaria (Comunidad de Regantes o SAT); menor superficie media por regante y zonas declaradas de interés general o regional.
Es decir, ha explicado Martínez Arroyo, “priorizamos a aquellos proyectos que tienen más agricultores y en los cuales, los agricultores tienen explotaciones más pequeñas, en una apuesta por el regadío social que genera empleo, vinculado al territorio”. Y, sobre todo, ha hecho hincapié en que “cambiamos drásticamente lo que sucedía en la legislatura pasada; en la que no se invirtió ni un solo céntimo en políticas para fomentar y modernizar el riego en la región”.
En total, la Consejería de Agricultura ha asignado 31,1 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha para que las comunidades de regantes y SAT “puedan realizar las inversiones a partir de la resolución de la ayuda” en el plazo de 12 meses. Concurrirán 168 comunidades de regantes, a las que el consejero va a convocar en otoño para impulsar la creación de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, además de convocar las ayudas.