El Parlamento respaldó el lunes el acuerdo alcanzado con China para proteger doscientos productos de alimentación, entre ellos doce especialidades españolas, de posibles copias.
Con 645 votos a favor, 22 en contra y 18 abstenciones, la Cámara dio su visto bueno al acuerdo firmado en septiembre para garantizar que 100 especialidades europeas que gozan de protección geográfica serán protegidas legalmente frente a la imitación y la usurpación de la denominación. Entre esas indicaciones geográficas figuran el queso manchego, el cava, el vino de las denominaciones Rioja, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez, Navarra y Valencia, el brandy de Jerez y los aceites de oliva de Sierra Mágina (Jaén) y Priego de Córdoba. A cambio, un centenar de productos chinos se beneficiarán de la misma protección en la UE.
Los eurodiputados estuvieron de acuerdo en extender el acuerdo a otros 175 productos europeos y chinos en los próximos cuatro años.
Acuerdo bilateral de inversiones: En una resolución respaldada por 633 votos, con 13 en contra y 39 abstenciones, el Parlamento ha celebrado el acuerdo, al que considera un “importante ejercicio de confianza” de cara a las negociaciones en curso entre la UE y China para llegar a un acuerdo bilateral de inversiones. Al mismo tiempo, los eurodiputados expresan su inquietud ante las prácticas que distorsionan el mercado llevadas a cabo por empresas públicas chinas, transferencias de tecnologías obligatorias y otras prácticas comerciales desleales. También están muy preocupados por las denuncias de explotación y detención de personas de la minoría Uigur en fábricas de China.
Próximos pasos. Tras el visto bueno del Parlamento, sólo falta la adopción formal del texto por el Consejo, para que el acuerdo pueda entrar en vigor a principios de 2021.
En 2019, China fue el tercer destino de las exportaciones de productos europeos con indicaciones geográficas, incluyendo vinos, bebidas alcohólicas y productos agroalimentarios. Sin embargo, el 80% de las incautaciones de productos falsificados europeos en 2018 y 2019 provenían de China, causando unas pérdidas de 60.000 millones a las empresas europeas, según la resolución.